PARTE XLIX · Historia mundial: trayectorias regionales desde 1500
554
Taiwán desde 1945: autoritarismo, democratización y sociedad
Del traspaso de posguerra al régimen de partido único, la transición democrática y la cuestión internacional de la isla
En este capítulo
El 25 de octubre de 1945, las fuerzas de la República de China recibieron en Taipéi la rendición de Japón en Taiwán y clausuraron cincuenta años de dominio colonial. Con ese acto comenzó una trayectoria que este capítulo recorre hasta el 31 de octubre de 2026: una administración de posguerra que despertó expectativas de reforma y terminó en violencia; un régimen de partido único que combinó represión política con una transformación económica acelerada; una apertura negociada que produjo elecciones competitivas y alternancia en el poder; y una situación internacional que sigue sin resolverse. Los capítulos 548 y 549 describen el dominio japonés que precedió a esta etapa; el 553 examina en paralelo la trayectoria de posguerra de la península coreana. El capítulo 555 abordará Australia y Aotearoa Nueva Zelanda.
Dos advertencias ordenan la lectura. La primera: la democratización taiwanesa no fue un desenlace inevitable. El régimen autoritario duró casi cuatro décadas, sobrevivió a crisis internacionales y a oposiciones reprimidas, y se abrió por una combinación contingente de presión exterior, cálculo de élites reformistas dentro del propio partido gobernante, persistencia de una oposición que había aprendido a operar en los márgenes y cambios sociales que hicieron costoso el orden anterior. La segunda advertencia es conceptual: conviene distinguir cuatro cosas que suelen mezclarse —el control efectivo que ejerce un gobierno, el nombre constitucional que ese gobierno usa, el reconocimiento diplomático que recibe y las reclamaciones que otros formulan sobre su territorio—. La sección final aplica esa distinción al caso taiwanés y separa los instrumentos internacionales de 1951 y 1952 del reconocimiento diplomático posterior, que es un fenómeno distinto con su propia historia.
554.1. Fin del dominio japonés y transferencia de autoridad#
La Segunda Guerra Mundial terminó en el Pacífico con la rendición de Japón, mientras en el continente chino la guerra civil seguía su curso. Tras la aceptación japonesa de la declaración de Potsdam, anunciada el 15 de agosto de 1945 y formalizada el 2 de septiembre ante los Aliados, las autoridades coloniales japonesas siguieron administrando Taiwán hasta que llegaron las fuerzas de la República de China. El acto de recepción de la rendición se celebró en Taipéi el 25 de octubre de 1945; desde entonces, la fecha se conmemora en la isla como el día en que terminó el dominio japonés. Ningún representante taiwaneso participó en la decisión, como tampoco lo había hecho en 1895: el traspaso de 1945 fue un acto entre el gobierno aliado vencedor y el Japón vencido, y la población de la isla fue objeto, una vez más, de una transferencia decidida fuera de ella.
Conviene ser preciso sobre lo que ese acto fue y lo que no fue. La República de China asumió la administración de Taiwán en el marco de la rendición aliada y de las disposiciones generales de posguerra; no se trató, en 1945, de una determinación indiscutida de soberanía definitiva sobre el territorio. La cuestión jurídica tardó años en tomar forma a través de instrumentos distintos —el tratado de San Francisco de 1951, el tratado entre la República de China y Japón de 1952 y, más tarde, los cambios de reconocimiento diplomático— y sigue siendo objeto de interpretaciones enfrentadas. Separar esos momentos es indispensable para no fundir en uno solo un proceso que duró décadas; la sección 554.4 los examina por separado.
El aparato colonial japonés no desapareció de un golpe. En el censo provisional de octubre de 1945 se registraron alrededor de 320.000 civiles japoneses residentes en la isla —funcionarios, policías, técnicos, comerciantes, colonos y sus familias—; la mayoría fue repatriada antes de abril de 1947. El retorno de las fuerzas militares y sus dependientes siguió un proceso distinto. Con ellos se fueron cuadros enteros de administración, sanidad, ingeniería y enseñanza. Donde la continuidad fue posible, se mantuvo: muchos subalternos taiwaneses, maestros, técnicos y trabajadores de ferrocarriles siguieron en sus puestos, y la estructura de catastros, hospitales, escuelas y redes de transporte siguió funcionando con menos rupturas de las que la magnitud del cambio sugería. Pero los puestos de mando pasaron a manos de personal recién llegado del continente, incorporado con la administración militar y después con el gobierno provincial encabezado por Chen Yi. Se instaló así una discontinuidad jerárquica dentro de una continuidad administrativa: el funcionamiento cotidiano se parecía al anterior, mientras la autoridad política quedaba en manos de un grupo nuevo.
Esa discontinuidad tenía una dimensión cultural inmediata. El mandarín se convirtió en lengua oficial de un territorio donde la élite educada hablaba japonés y la población general hablaba Hoklo, Hakka y lenguas indígenas; las diferencias de acento, de origen provincial y de experiencia colonial separaban a los recién llegados de quienes habían vivido cincuenta años bajo Tokio. Las generaciones tampoco vivían el mismo momento: para los mayores, la transferencia era un cambio de señores; para los jóvenes formados en escuelas japonesas, una incertidumbre sobre el idioma, los empleos y el futuro; para los pueblos indígenas de las tierras altas, la llegada de una autoridad que tardó en reconocer sus tierras y sus costumbres. Los grupos no partían de una posición común, y la adaptación a la nueva administración dependió de recursos —educación, lengua, contactos, tierra— que estaban distribuidos de manera muy desigual.
Las expectativas de la posguerra fueron amplias y luego decepcionadas. Parte de la sociedad taiwanesa esperaba reformas: modernización administrativa, participación política, uso de la experiencia local y, para algunos, algún grado de autogobierno provincial. Entre 1945 y 1946 circularon peticiones y reclamaciones escritas que exigían representación y corrección de abusos, y no pocos taiwaneses con formación colonial creyeron que su conocimiento del territorio los convertiría en interlocutores naturales del nuevo poder. La administración, en cambio, priorizó la lealtad política sobre la competencia local: los nombramientos siguieron la confianza partidista y los criterios de origen, no la capacitación técnica acumulada en la colonia.
El desajuste fue económico antes de ser político. La guerra había dañado la infraestructura y cortado los circuitos comerciales que ligaban la isla a Japón; la inflación se aceleró con la emisión monetaria y con la escasez de bienes; los precios del arroz y del azúcar, motores de la economía colonial, sufrieron el colapso de la demanda imperial y el costoso restablecimiento de rutas nuevas. Los bienes de los residentes japoneses —tierras, plantaciones, fábricas, instalaciones— pasaron al Estado, y su administración se convirtió en un asunto político tanto como económico. Funcionarios, maestros y profesionales taiwaneses vieron cómo los puestos directivos se llenaban desde fuera, mientras la población urbana soportaba precios en alza y la rural, la incertidumbre sobre tierras y cosechas. La transferencia de autoridad, vista desde abajo, fue menos un acto de liberación que una reorganización de expectativas, empleos y jerarquías.
De esa suma de frustraciones nació el conflicto que marcó el final de la primera etapa. La administración de Chen Yi no supo —o no quiso— abrir canales que convirtieran las demandas en decisiones; la represión de protestas creó a su vez nuevas demandas; y el ciclo se cerró en febrero de 1947 con el incidente que abre la sección siguiente. La sociedad que entró en el régimen de partido único no era una sociedad sometida desde siempre: era una sociedad que había esperado algo de la posguerra y recibió un orden distinto.
554.2. Régimen de partido único, represión y transformación económica#
El 27 de febrero de 1947, agentes del monopolio de tabacos intervinieron a una vendedora de cigarrillos sin licencia en un barrio de Taipéi; los disparos contra los transeúntes que protestaron al día siguiente desencadenaron movilizaciones que se extendieron por toda la isla. El incidente 2/28 —así se conoce al episodio— no fue un motín aislado: fue la convergencia de agravios acumulados desde 1945, con comités locales de negociación, demandas de reforma y un breve momento en que pareció posible un arreglo. A principios de marzo llegaron refuerzos militares del continente y la respuesta del Estado se volvió militar: detenciones, ejecuciones y una depuración que alcanzó a la élite taiwanesa —profesionales, maestros, exfuncionarios, dirigentes asociativos— con un efecto duradero sobre la vida pública de la isla.
Las estimaciones de víctimas del incidente 2/28 varían según qué casos, territorios y periodos se incluyan; las fuentes no ofrecen un recuento único comparable. Conviene no fijar una cifra sin identificar el método y el universo contado. El dato establecido es el carácter de la represión —violencia estatal contra civiles, con depuración de élites y silenciamiento posterior—, no un número único. Durante décadas el tema fue censurado; el reconocimiento público llegó con la apertura política, cuando se aprobaron leyes de compensación a mediados de los noventa, se construyó memoria institucional y el despacho presidencial empezó a pronunciarse oficialmente sobre el episodio cada año.
Detrás del incidente quedó montado el régimen. En 1949, la guerra civil china se resolvió a favor del Partido Comunista Chino y el gobierno de la República de China se retiró a Taiwán con el ejército, la burocracia y las reservas de oro y divisas; en mayo de ese año se declaró la ley marcial, que se mantendría hasta el 15 de julio de 1987. El partido-Estado del Kuomintang gobernó mediante una maquinaria de partido, ejército y policía: ramas del partido en escuelas, fábricas y municipios; permisos y registros para viajar, publicar y reunirse; un aparato de seguridad —comando de guarnición, policía militar, servicios de información— que investigaba, detenía y juzgaba mediante tribunales militares; y una prensa sujeta a censura. La Constitución de 1947 siguió vigente en el papel, pero las «disposiciones temporales» dictadas en el periodo de lucha contra el comunismo suspendieron derechos y prorrogaron los mandatos electivos que no se renovaban.
Ese aparato produjo el Terror Blanco, cuyos contadores tampoco coinciden. Las estimaciones dependen de si se incluyen sólo las ejecuciones tras sentencia o también las muertes en prisión, de si se cuentan los casos documentados o las víctimas reconocidas por la administración de compensaciones, y de si el periodo se limita a los años cincuenta o se extiende hasta 1987. La base de datos pública del National Human Rights Museum documenta casos individuales de persecución política. El museo delimita el Terror Blanco en sentido estricto a la ley marcial (1949–1987), y en sentido amplio hasta la reforma del Código Penal de 1992; los recuentos de víctimas cambian según el periodo y la categoría incluidos. Por eso las cifras deben atribuirse a su fuente. Lo que ninguna serie discute es el alcance del mecanismo: la disidencia, la organización sindical, el pensamiento crítico y hasta la mera circulación de ideas no permitidas podían costar libertad o vida, y el costo se pagó en toda la isla.
La represión se entrecruzó con diferencias sociales que el régimen administró en vez de resolver. Los recién llegados del continente —soldados, cuadros del partido, funcionarios, maestros— concentraron los puestos superiores; los taiwaneses, divididos entre quienes se integraron al aparato gobernante y quienes quedaron marginados, ocuparon niveles medios y bajos. La distinción entre «continentales» y «locales» atravesó barrios, escuelas y empleos públicos, pero no borraba las diferencias de clase dentro de cada grupo: un maestro de aldea taiwanés y un comerciante taipés vivían el mismo orden con recursos muy distintos, igual que un soldado recién llegado del interior de China. Las mujeres, los trabajadores urbanos, los agricultores de arroz y los indígenas de montaña se situaron con posiciones propias dentro del mismo orden. Ante ese orden, buena parte de la sociedad practicó la adaptación: callar en público, cuidar las relaciones de parentesco y vecindad, formar hijos fuera de la política, servir al Estado sin militar en él. La adaptación no era consentimiento ideológico; era la gestión cotidiana del riesgo, y el régimen dependió de ella tanto como de la policía.
Sobre esa base autoritaria se montó una transformación económica de gran alcance. La reforma agraria fue su pieza inicial: en 1949 se fijó en el 37,5 % de la cosecha el tope de la renta arrendaticia; después, el Estado compró las tierras arrendables —con compensación en bonos y acciones de empresas públicas— y las vendió a los arrendatarios, mientras los bienes de los residentes japoneses pasaban a formar un sector público que incluía a la Corporación Azucarera de Taiwán. Los efectos fueron materiales y políticos a la vez: la proporción de hogares arrendatarios descendió de forma marcada, según las estimaciones corrientes de la historiografía económica, la producción agraria se sostuvo y una base campesina de pequeños propietarios dejó de ser un foco de conflictividad rural difícil de contener. La ayuda económica estadounidense, de cerca de 1.500 millones de dólares entre 1951 y 1965 según cálculos corrientes, sostuvo el equilibrio fiscal y la modernización de infraestructuras en el contexto de la Guerra Fría.
La industrialización siguió por etapas. En los años cincuenta prevaleció la sustitución de importaciones, con textiles, alimentos y bienes de consumo producidos por empresas pequeñas y medianas; a partir de la primera mitad de los sesenta, el giro hacia las exportaciones organizó zonas de proceso de exportación —la primera, en Kaohsiung, en 1966— y atrajo inversión extranjera en ensamblaje electrónico, juguetes, plásticos y componentes. La educación se expandió en sincronía: la escolaridad obligatoria se amplió a nueve años en 1968, las escuelas vocacionales alimentaron a la industria y la movilidad por estudio se volvió una vía previsible para familias enteras, campesinas y urbanas. El crecimiento sostenido —tasas anuales de dos cifras en varios periodos de las décadas de 1960 a 1980, según las series económicas— urbanizó la isla, incorporó a las mujeres al trabajo fabril y fabricó una clase media educada. Esa clase media, precisamente, sería después una de las bases sociales de la demanda política, pero su existencia no contenía en sí misma ninguna promesa de apertura: el régimen demostró durante años que podía crecer económicamente y cerrarse políticamente al mismo tiempo.
554.3. Democratización, identidad y cambios en la vida pública#
La apertura tuvo condiciones externas e internas, y ninguna de ellas era suficiente por sí sola. La presión exterior fue creciente: en octubre de 1971 la República de China perdió su asiento en la ONU ante la República Popular China; en 1972, la visita de Richard Nixon a Pekín marcó el giro estadounidense; el 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció a la República Popular China y retiró el reconocimiento diplomático a la República de China. El aislamiento internacional hizo costoso el mantenimiento del orden previo sin reformarlo. Por dentro, la muerte de Chiang Kai-shek en 1975 y la sucesión de Chiang Ching-kuo abrieron una ventana: el nuevo presidente, que había supervisado el aparato de seguridad, encabezó después la liberalización, cálculo que combinó supervivencia del partido, presión de Estados Unidos y madurez de una sociedad que ya no cabía en las reglas antiguas. Ninguno de estos factores garantizó el resultado; el orden autoritario también pudo haberse mantenido, y de hecho sobrevivió a todas esas sacudidas antes de ceder.
La oposición había aprendido a trabajar en los márgenes. En 1979, la redacción de la revista Formosa, cercana a la oposición, organizó en Kaohsiung una manifestación que terminó con detenciones de sus dirigentes y juicios posteriores; la represión continuó al año siguiente con el asesinato de un abogado defensor de los encausados. Con todo, el sistema mostró una ambigüedad decisiva: en 1986, cuando se fundó el Partido Progresista Democrático —ilegal según la norma vigente—, el gobierno optó por no disolverlo; al año siguiente, el 15 de julio de 1987, se levantó la ley marcial casi cuatro décadas después de su declaración. En 1988, con la muerte de Chiang Ching-kuo, llegó a la presidencia Lee Teng-hui, nacido en la isla, el primer mandatario de origen taiwanés.
La transición se hizo por escalones y con disputas internas. Se derogaron las disposiciones temporales a inicios de los noventa; las elecciones a la Asamblea Nacional y a la Legislatura Yuan renovaron en 1991 y 1992 una representación que hasta entonces conservaba escaños elegidos en el continente en 1947; en 1994 se habilitaron elecciones directas de alcaldes y gobernadores, y en marzo de 1996 se celebró la primera elección presidencial directa, mientras la República Popular China ejercía presión militar con lanzamientos de misiles en el Estrecho. El Partido Progresista Democrático ganó la presidencia en 2000 y produjo la primera alternancia pacífica entre partidos; el Kuomintang recuperó el poder en 2008, lo perdió en 2016 y el ciclo de alternancias se consolidó con la reelección de Tsai Ing-wen en 2020 y la victoria de Lai Ching-te en enero de 2024. Hacia 2026, Taiwán sigue siendo una democracia electoral con sufragio universal, prensa libre, poder judicial independiente en lo esencial y fuerzas de seguridad bajo control civil, sin que ningún partido haya logrado convertir la alternancia en monopolio.
La vida pública cambió en dimensiones que trascienden el calendario electoral. La prensa se liberó a finales de los ochenta y la competencia informativa sustituyó a la censura; las asociaciones, los sindicatos, los grupos ambientalistas, los movimientos vecinales y estudiantiles ocuparon la calle con una regularidad que el orden anterior no toleraba. En 2014, estudiantes y ciudadanos ocuparon el parlamento durante semanas para frenar el acuerdo de comercio de servicios con el continente, y el episodio marcó una generación política. En el terreno de los derechos, la igualdad de género avanzó por leyes y jurisprudencia, y en mayo de 2019 Taiwán se convirtió en el primer país de Asia en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La justicia transicional avanzó también con retraso y discusión: se creó el National Human Rights Museum, que conserva archivos y una base de datos pública de víctimas de la persecución política, y el Museo de Historia de Taiwán ha dedicado exposiciones al fin de la ley marcial y a la democracia. Recuperar la memoria no reescribe el pasado: le asigna responsabilidades y ofrece a la sociedad un relato verificable del que antes no disponía.
La identidad pública se movió en la misma dirección, aunque con lentitud y sin uniformidad. Las series de encuestas de la Universidad Nacional Chengchi registran que quienes se identifican exclusivamente como taiwaneses pasaron de alrededor de una quinta parte a inicios de la década de 1990 a cerca de dos tercios en los años 2020, mientras declinaba la identificación exclusivamente china y se sostenía una categoría intermedia de quienes se reconocen en las dos pertenencias. El cambio se explica por generaciones —quienes crecieron bajo el régimen partidista y quienes nacieron en democracia no cuentan la misma historia—, por la escolaridad, la lengua cotidiana, las crisis del Estrecho y la propia experiencia electoral. Conviene evitar dos simplificaciones: identidad no es partido, porque los votantes taiwaneses alternan entre formaciones distintas sin que la identidad decida el resultado; y ninguna ley de la historia convertía el crecimiento económico ni la clase media en democracia. El orden autoritario duró lo que duró porque pudo sostenerse, y la apertura ocurrió cuando coincidieron presión internacional, cálculo de élites, resistencia social y suerte; contarla como un desenlace preparado desde 1945 sería borrar los treinta y ocho años de ley marcial que la precedieron.
554.4. Relaciones con China continental y situación internacional#
Cuatro categorías distintas describen la situación de Taiwán, y confundirlas produce errores previsibles. La primera es el control efectivo: la República de China gobierna Taiwán, las islas Penghu, Kinmen y Matsu con un aparato propio —impuestos, fuerzas armadas, policía, tribunales, diplomacia propia— y celebra elecciones nacionales; ese control no ha sido ejercido jamás por la República Popular China, proclamada en 1949, que nunca ha gobernado la isla. La segunda es el nombre constitucional: el Estado que gobierna Taiwán se llama República de China, con una Constitución de 1947 reformada entre 1991 y 2005, y usa ese nombre en sus documentos oficiales. La tercera es el reconocimiento diplomático: un pequeño número de Estados mantiene relaciones oficiales con la República de China, mientras que la mayoría reconoce a la República Popular China; el número cambia cuando se modifican esos vínculos. La cuarta es la reclamación: Pekín reclama Taiwán como parte de su territorio, con base en su lectura de la historia y del derecho internacional, y mantiene abierta —sin ejercerla— la opción de la fuerza. Control, nombre, reconocimiento y reclamación son cuatro planos separados; uno puede existir sin los otros, como efectivamente ocurre.
El ordenamiento internacional se construyó en capas. El 8 de septiembre de 1951, en San Francisco, Japón renunció a todo derecho, título y reclamación sobre Formosa y las Pescadores sin designar en el texto al beneficiario de esa renuncia; el tratado entró en vigor el 28 de abril de 1952, y ni la República de China ni la República Popular China lo firmaron. Diversos juristas han leído la falta de designación como una indeterminación del destino del territorio, interpretación que tanto Pekín como Taipéi rechazan desde posiciones distintas. El mismo 28 de abril de 1952, la República de China y Japón firmaron en Taipéi su propio tratado de paz, que puso fin al estado de guerra entre ambos y abordó la cuestión de Taiwán en términos propios; Taipéi lo ha leído como reconocimiento de su soberanía, y la redacción —distinta de la fórmula de San Francisco— ha sido interpretada de maneras distintas por la doctrina. Esos instrumentos de 1951 y 1952 no son lo mismo que el reconocimiento diplomático, que es un acto político posterior con historia propia: Estados Unidos reconoció a la República Popular China el 1 de enero de 1979 y mantuvo con Taiwán relaciones no oficiales, instrumentadas por el Taiwan Relations Act, que en su texto codificado exige mantener capacidad para resistir el uso de la fuerza, apoyar la solución pacífica de las diferencias y sostener vínculos comerciales y culturales.
La política estadounidense combina elementos que suelen leerse mal. La «política de una sola China» de Washington no equivale al «principio de una sola China» de Pekín. Estados Unidos reconoce a la República Popular China como el gobierno de China, toma nota de la posición de Pekín según la cual Taiwán forma parte de China y mantiene relaciones no oficiales con Taipéi bajo el acta de 1979; no toma posición sobre la soberanía de Taiwán. Un informe del Congressional Research Service actualizado al 20 de octubre de 2026 resume esa arquitectura —reconocimiento, acta, asistencia en defensa y diálogo— y su evolución reciente, y conviene citarlo como fuente de estado de la cuestión en lugar de datar decisiones que siguen abiertas. La ONU tampoco es una excepción simple: la resolución de 1971 resolvió la representación de China en la organización, y las lecturas de si eso dispuso también sobre la situación de Taiwán difieren entre las partes.
En el plano transversal, la historia combina integración económica y tensión política. Desde 1987, cuando se autorizó la inversión en el continente, se construyó un entramado de comercio e inversión que convirtió a China continental en el primer destino de las exportaciones taiwanesas, con una proporción en torno a un tercio del total según datos comerciales oficiales, incluidos reexportaciones por Hong Kong. Los gobiernos de ambos lados firmaron acuerdos parciales de reducción arancelaria en 2010, y cada avance negociado generó debate interno en Taiwán, como demostró la crisis de 2014. En paralelo, la presión militar se ejerció en forma de ejercicios, incursiones aéreas y marítimas y, en 1995-1996 y 2022, demostraciones de fuerza en el Estrecho; la Ley contra la Separación aprobada en 2005 por el Congreso Popular Nacional prevé el uso de «medios no pacíficos» bajo determinadas condiciones, incluida una declaración formal de independencia o el agotamiento de las posibilidades de reunificación pacífica según la evaluación de Pekín. Pekín ofrece un marco de «reunificación» con fórmulas variadas —«un país, dos sistemas» entre otras—; Taipéi, con gobiernos de distinto signo, ha respondido con propuestas distintas o ninguna, desde la defensa explícita del statu quo hasta el énfasis en la realidad autogobernada de la isla.
Hacia el corte de este capítulo, 31 de octubre de 2026, no hay un desenlace fijado. Taiwán está autogobernado bajo el nombre constitucional de República de China, su población —unos 23 millones de habitantes— vota a sus autoridades, y no se ha producido una modificación acordada del estatus internacional; la República Popular China sigue reclamando la isla sin gobernarla, y la comunidad internacional maneja la cuestión con reconocimientos, actas y declaraciones que no coinciden del todo entre sí. Las trayectorias abiertas —mantenimiento del statu quo, acercamiento negociado o confrontación— dependen de decisiones futuras de gobiernos y sociedades, no de una lógica previa. Esa es también la lección del arco completo: ni el autoritarismo de posguerra ni la democracia posterior fueron resultados escritos de antemano.
Cierre#
La secuencia examinada conecta el traspaso de posguerra, la violencia de 2/28, la represión autoritaria, la transformación económica y la apertura democrática sin convertirlas en etapas inevitables. La cuestión internacional sigue abierta porque la administración efectiva, el reconocimiento diplomático y las reclamaciones no son equivalentes. La trayectoria coreana del capítulo 553 permite comparar las consecuencias de la división de posguerra; el capítulo 555 traslada la mirada a Australia y Aotearoa Nueva Zelanda.
Preguntas de transferencia#
¿Por qué el traspaso de autoridad de 1945 no puede presentarse como una determinación definitiva de soberanía? Porque fue un acto administrativo ejecutado en el marco de la rendición japonesa y de las disposiciones aliadas de posguerra, sin participación de la población taiwanesa y sin un instrumento internacional que asignara la soberanía de manera indiscutida: la cesión de 1895 había sido un trámite entre Estados, y el traspaso de 1945 fue la entrega de un territorio a un gobierno vencedor. La caracterización jurídica posterior depende de instrumentos distintos —San Francisco 1951, tratado de 1952— y de actos de reconocimiento diplomático posteriores. Administrar no es lo mismo que resolver el título, y esa diferencia sigue viva.
¿Cómo se relacionaron represión política y crecimiento económico bajo el régimen de partido único? No por una relación de simple causa y efecto, sino porque el mismo orden hizo las dos cosas: la coerción —ley marcial, tribunales militares, Terror Blanco— garantizó estabilidad y silenciamiento, mientras la reforma agraria, la ayuda exterior y la industrialización exportadora produjeron empleo, escolaridad y movilidad. Los beneficiados por el crecimiento no eran necesariamente los perseguidos, y muchas personas vivieron a la vez el desarrollo y la vigilancia. Que la economía avanzara mientras la política se cerraba demuestra que el crecimiento no contiene una promesa democrática; exige condiciones políticas para producirla.
¿Por qué la democratización taiwanesa no era inevitable, y qué factores concretos explican el giro de 1986-1987? Porque el régimen se sostuvo treinta y ocho años de ley marcial y sobrevivió a la pérdida del asiento en la ONU, al giro estadounidense de 1979 y a oposiciones reprimidas en 1979-1980. El giro concreto resultó de la combinación de presión internacional, cálculo de élites reformistas dentro del Kuomintang —Chiang Ching-kuo y Lee Teng-hui—, persistencia de una oposición que operó en los márgenes hasta fundar en 1986 el Partido Progresista Democrático, y madurez social de una clase media educada. Si alguno de esos factores faltaba, el resultado podía ser distinto: por eso se cuenta como proceso contingente, no como destino.
¿Qué distingue control efectivo, nombre constitucional, reconocimiento diplomático y reclamación en el caso de Taiwán? El control efectivo describe quién administra el territorio y ejerce allí autoridad: la República de China gobierna Taiwán y la República Popular China no lo ha gobernado. El nombre constitucional es el que emplea la autoridad que ejerce ese control: República de China. El reconocimiento diplomático indica qué gobierno aceptan oficialmente otros Estados; solo un pequeño número mantiene relaciones oficiales con Taipéi. La reclamación es la pretensión de soberanía que formula Pekín. Son dimensiones relacionadas, pero ninguna determina automáticamente las demás.
¿Qué miden las encuestas sobre identidad taiwanesa y qué no permiten concluir? Miden declaraciones de pertenencia en un contexto político concreto: las series de la Universidad Nacional Chengchi muestran el ascenso de la identificación exclusiva como taiwaneses desde alrededor de un quinto de la población a inicios de los noventa hasta cerca de dos tercios en la década de 2020, con el declive de la identificación exclusivamente china. No permiten concluir que la identidad decida el voto —los electores alternan entre partidos—, ni que la pertenencia se traduzca automáticamente en una posición sobre el estatus, ni que las generaciones vivan la historia del mismo modo. Identidad, preferencia política y preferencia en materia de estatus son tres variables distintas y deben medirse por separado.
Fuentes y lecturas del capítulo#
- Phillips, Steven. Between Assimilation and Independence: The Taiwanese Encounter Nationalist China, 1945–1950. Stanford University Press, 2003.
- Rigger, Shelley. Why Taiwan Matters: Small Island, Global Powerhouse. Rowman & Littlefield, 2011.
- Roy, Denny. Taiwan: A Political History. Cornell University Press, 2003.
- National Human Rights Museum (Taiwán). Base de datos de víctimas de la persecución política durante el periodo autoritario. https://memory.nhrm.gov.tw/NormalNode/Detail/83?MenuNode=14
- National Museum of Taiwan History. Exposición sobre el fin de la ley marcial y la democracia en Taiwán. https://the.nmth.gov.tw/nmth/en-us/Special/SpecialDetail/76fd9bb3-9f89-4d38-9cdc-29551378c897
- Office of the President, República de China (Taiwán). Declaración sobre el incidente 2/28. https://english.president.gov.tw/News/7090
- Congressional Research Service. Taiwan: Political and Security Issues, informe IF10275, actualizado el 20 de octubre de 2026. https://www.everycrsreport.com/reports/IF10275.html
- Taiwan Relations Act, 22 U.S.C. ch. 48 (código de los Estados Unidos, edición 2024). https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2024-title22/html/USCODE-2024-title22-chap48.htm
- Tratado de paz con Japón (San Francisco, 8 de septiembre de 1951), en vigor desde el 28 de abril de 1952: renuncia japonesa a Formosa y las Pescadores.
- Tratado de paz entre Japón y la República de China (Taipéi, 28 de abril de 1952).
- Rubinstein, Murray A., ed. Taiwan: A New History. M. E. Sharpe, 1999.
- Chou, Wan-yao. A New Illustrated History of Taiwan. Taipei: SMC Publishing, 2015.
- Taiwan National Cultural Memory Bank. «Taiwanese Japanese Residents Distribution Map» (censo de octubre de 1945, registro histórico). https://tcmb.culture.tw/zh-tw/detail?id=116000005074&indexCode=MOCCOLLECTIONS
- Office of the President, Republic of China (Taiwan). Declaración conmemorativa del 78.º aniversario del incidente 2/28 (2025), sobre los asesinatos de la familia Lin, aún sin resolver. https://english.president.gov.tw/NEWS/6916