PARTE XLIX · Historia mundial: trayectorias regionales desde 1500
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Japón: transformación estatal, imperio y guerra, 1868–1945
Estado, imperio y sociedad japoneses desde la caída del shogunato hasta la rendición de 1945
En este capítulo
Entre 1868 y 1945, Japón pasó de ser un Estado fragmentado y técnicamente débil, sometido a tratados desiguales, a una potencia industrial con un imperio continental y oceánico, y después a un país derrotado, ocupado y reconstruido desde cero. Esa trayectoria fue el resultado de una construcción estatal deliberada, de decisiones imperiales tomadas en circunstancias concretas y de una escalada de guerra que nadie controló plenamente hasta el desastre. Este capítulo recorre ese arco en cuatro etapas: la reforma institucional e industrial, la formación del imperio, la militarización de la sociedad y el fin del orden imperial bajo ocupación aliada. Los capítulos 548 y 549 examinan la experiencia colonial japonesa en Taiwán y en Corea.
547.1. Restauración Meiji, reorganización institucional e industrialización#
La caída del shogunato Tokugawa no fue un movimiento espontáneo de renovación nacional, sino el desenlace de una crisis de varios decenios. Desde mediados del siglo XIX, Japón acumulaba tensiones internas: finanzas del shogunato en deterioro, hambrunas recurrentes, protestas campesinas y samuráis de dominios exteriores, como Chōshū y Satsuma, que consideraban ilegítimo el monopolio del poder por parte de los dirigentes de Edo. A estas presiones se sumó una externa y decisiva, aunque no única: la llegada de barcos de guerra estadounidenses en 1853 y los tratados desiguales que les siguieron evidenciaron la debilidad militar del shogunato frente a las potencias industriales, y ofrecieron a sus rivales internos una bandera poderosa. En enero de 1868 se proclamó la restauración del gobierno imperial. La guerra Boshin, que comenzó ese mismo mes y terminó en 1869 con la rendición de las posiciones proshogunales de Hokkaido, confirmó el triunfo de la coalición de dominios que había impulsado el cambio.
El nombre resultó engañoso. La Restauración Meiji no supuso un regreso al poder personal del emperador, pues el gobierno cotidiano quedó en manos de un reducido grupo de dirigentes procedentes sobre todo de Satsuma y Chōshū, que gobernaban en nombre de la autoridad imperial, convertida en fuente de legitimidad y en centro simbólico del nuevo Estado. Tampoco fue una imitación automática de Europa: los constructores del nuevo Estado adaptaron lo tomado de cada modelo según lo consideraran funcional para su objetivo central, levantar un país capaz de resistir la presión extranjera. Así, la primera generación del ejército moderno se inspiró sobre todo en el modelo francés, y solo más tarde se adoptaron la organización prusiana y alemana; en la banca, la administración y las instituciones internacionales, en cambio, se recurrió a referencias variadas. La construcción estatal, conducida desde arriba, fue a la vez negociada con las élites y coercitiva con el resto de la población, y repartió beneficios y costes de manera desigual.
La reorganización institucional avanzó por etapas. En 1871 el gobierno abolió los han, los dominios feudales, y los reemplazó por prefecturas bajo control central; los antiguos señores aceptaron su supresión a cambio de compensaciones. Dos años más tarde, en 1873, llegaron la reforma fiscal que fijó contribuciones en dinero sobre la propiedad de la tierra y la conscripción militar universal, sujeta a exenciones. Ambas medidas transformaron la vida rural y despertaron resistencias. Los campesinos, que hasta entonces sostenían cargas variables sobre sus cosechas, se enfrentaron a obligaciones fijas en efectivo, y muchos asumieron deudas o perdieron tierras. Los samuráis, a quienes la conscripción y la supresión de sus estipendios dejaban sin función ni renta, protagonizaron revueltas. La más seria fue la rebelión de Satsuma de 1877, encabezada por Saigō Takamori, figura destacada del propio proceso de construcción estatal, y fue derrotada por un ejército de reclutas. La derrota del último gran levantamiento samurái selló la consolidación del régimen: el coste social del cambio fue real, y la coerción militar y fiscal lo hizo posible.
En los mismos años, el gobierno estudió los modelos institucionales del exterior. La misión Iwakura, trasladada a Estados Unidos y Europa entre 1871 y 1873, examinó sistemas administrativos, económicos, políticos y educativos, y sus observaciones aportaron referencias directas para las reformas posteriores. El Estado construyó ferrocarriles, telégrafos, astilleros y fábricas modelo para introducir técnicas y formar personal. Hacia 1884 apareció, en los ferrocarriles y en los astilleros pero también en el financiamiento general de la industrialización, una reorganización de carácter privado: parte de las empresas estatales no militares se transfirió a manos privadas, como Mitsubishi en los astilleros y grupos financieros emergentes en la banca, mientras que los arsenales y las operaciones más sensibles permanecieron en el sector público. La política industrial resultante combinó capital estatal, empresas privadas y diversos grados de supervisión, y no fue una privatización general del patrimonio público.
La educación pública constituyó otro pilar. La ley de educación de 1872 organizó un sistema escolar de alcance nacional, con escuelas primarias y currículos uniformes orientados a la escolarización obligatoria. Su aplicación fue desigual y encontró barreras económicas y regionales, de modo que la asistencia efectiva tardó en aproximarse a la universalidad. Con todo, el sistema elevó la alfabetización, formó personal para la administración y la economía y extendió la idea de un país unificado.
La transformación industrial tampoco fue homogénea. El impuesto territorial aportó una parte sustancial de los ingresos estatales, y esa presión fiscal sobre el campo sostuvo la inversión estatal mientras las zonas rurales soportaban la carga. En las fábricas, especialmente textiles, predominó el trabajo de mujeres jóvenes, con jornadas extensas, salarios bajos y condiciones duras.
La vida política se reorganizó de forma limitada. La Constitución de 1889 estableció un régimen autoritario con elementos representativos: reservaba amplios poderes al emperador, el gabinete respondía ante él y no ante el parlamento, y el mando de las fuerzas armadas quedó ligado directamente a la figura imperial. En 1890 se inauguró la Dieta, con una cámara baja electa y una cámara alta integrada por la nobleza y cargos designados. Sus poderes legislativos y presupuestarios eran reales, pero limitados por las prerrogativas imperiales, y la representación efectiva era restringida: en la elección inicial el sufragio era masculino y censitario, condicionado al pago de impuestos. Al cierre del periodo Meiji, en 1912, Japón había construido un Estado centralizado, una base industrial en expansión y una sociedad transformada por la educación y el trabajo industrial; había también desigualdades territoriales, descontento rural y obrero, y unas bases administrativas y militares que anticipaban la expansión imperial de las décadas siguientes.
547.2. Formación de un imperio y expansión en Asia oriental#
La industrialización y la reconstrucción del Estado descritas en la sección anterior cambiaron también la posición de Japón en su entorno. Un país que producía acero, manejaba finanzas modernas y construía fuerzas armadas eficaces podía hacer lo que las potencias occidentales hacían: negociar con ventaja, presionar a sus vecinos y anexionarse territorios cuando le conviniera. La élite Meiji miraba ese modelo con atención, porque lo juzgaba rasgo de las naciones modernas tanto como de las potencias industriales.
Conviene separar dos ideas que a menudo se confunden. La transformación estatal y la presión externa crearon capacidad e incentivo para expandirse; no crearon una necesidad. Hubo debates internos reales sobre dónde, cuándo y si convenía avanzar, y en varios momentos el gobierno escogió la prudencia. La expansión fue una serie de decisiones políticas tomadas por un Estado concreto en circunstancias concretas, no el resultado automático de la modernización.
El primer punto de conflicto fue Corea, cuya posición entre Japón, China y Rusia la convertía en un territorio codiciado por las tres potencias. La dinastía Qing reivindicaba una relación de suzeranía sobre la dinastía coreana Joseon, mientras la corte coreana conservaba un margen propio de gobierno; Tokio quiso romper esa relación y colocar a Corea en su propia órbita. La disputa se agudizó en 1873, cuando la propuesta de atacar Corea dividió al gobierno Meiji, y del conflicto salieron los dirigentes que gobernarían las décadas siguientes. Tokio prefirió la presión comercial: el tratado de Ganghwa de 1876 abrió puertos coreanos al comercio japonés con condiciones desiguales, calcadas de los mismos tratos que las potencias occidentales habían impuesto al propio Japón tres décadas antes. La expedición a Taiwán de 1874, montada como castigo por ataques a pescadores de Ryūkyū, sirvió a la vez de ensayo militar exterior y de gesto que reforzaba la pretensión japonesa sobre esas islas, anexionadas formalmente en 1879. Fue una operación violenta apoyada en un argumento diplomático frágil, no la toma de posesión definitiva de la isla, que llegaría después.
La rivalidad con China por Corea estalló en 1894 en una guerra que terminó con una victoria japonesa decisiva. El tratado de Shimonoseki, firmado el 17 de abril de 1895, reconocía la independencia formal de Corea, cedía a Japón Taiwán y las islas Pescadores y entregaba la península de Liaodong, además de imponer a China una indemnización de 200 millones de taels. Pocos días después, el 23 de abril, Rusia, Alemania y Francia presentaron la llamada intervención triple y presionaron a Japón para que devolviera Liaodong, con la amenaza implícita de una acción armada. Tokio cedió, y el 8 de noviembre de 1895 firmó con China la convención de retrocesión del territorio a cambio de una compensación adicional de 30 millones de taels, además de la indemnización prevista en Shimonoseki. La lección que la élite japonesa extrajo fue doble: el país ya podía vencer a China, pero no podía oponerse aún a las potencias europeas. Esa humillación dejó una huella profunda en la política exterior de las décadas siguientes.
Taiwán se convirtió así en la primera colonia formal del imperio. El traspaso fue un acto entre soberanos: la isla pasó de un Estado a otro por un tratado, sin consulta previa a sus habitantes, que mostraron resistencia armada desde los primeros años. La administración colonial combinó coerción, censos, reformas administrativas e inversión en infraestructura, y la vida en la isla, con su mezcla de chinos han de orígenes variados, poblaciones indígenas y colonos japoneses, se examina con detalle en el capítulo 548.
El siguiente paso llevó a un enemigo de mayor tamaño. Rusia, que compartía con Japón el interés por Corea y por Manchuria, se aprovechó precisamente del territorio que Japón había cedido tras la intervención triple: negoció con China el arrendamiento de Port Arthur y Dairen y avanzó hacia posiciones que Tokio consideraba propias. Las negociaciones para repartir zonas de influencia en Manchuria y Corea fracasaron. Japón rompió relaciones y atacó la flota rusa de Port Arthur en febrero de 1904. La guerra ruso-japonesa terminó en 1905 con una serie de derrotas rusas en tierra y en el mar, incluida la destrucción de una flota enviada desde el Báltico alrededor del mundo y aplastada en el estrecho de Tsushima. El tratado de Portsmouth, mediado por Estados Unidos, trasladó a Japón los derechos de arrendamiento rusos sobre Liaodong y el ferrocarril del sur de Manchuria, la mitad meridional de la isla de Sajalín y el reconocimiento de su predominio en Corea. La victoria japonesa sacudió la percepción de la superioridad militar europea y fue recibida en distintos lugares de Asia como señal de que el orden imperial podía disputarse.
Con Corea el proceso fue gradual, y esa gradación importa. Tras la victoria sobre Rusia, Japón impuso en noviembre de 1905 un protectorado que retiró a Corea la conducción de su política exterior y estableció en Seúl una residencia general, dirigida por Itō Hirobumi, que supervisaba y presionaba el gobierno interno. La anexión formal no llegó hasta agosto de 1910, cuando la península quedó incorporada al imperio y la administración quedó en manos de un gobernador general japonés. Son dos fórmulas distintas con instrumentos distintos: el protectorado mantenía el Estado coreano nominal, pero le quitaba la capacidad de decidir en el exterior; la anexión eliminaba esa entidad y la administraba directamente desde Tokio. Entre ambos momentos continuaron la represión y la apropiación progresiva de tierras y cargos. La reacción coreana combinó resistencia armada, organizaciones culturales y nacionalistas y el activismo del exilio, con alcances desiguales según región y grupo social.
La Primera Guerra Mundial ensanchó el perímetro del imperio. Japón entró en el conflicto al lado de los Aliados y tomó las posesiones alemanas del norte del Pacífico —las islas Marshall, Carolinas y Marianas— y, en el continente, la concesión de Jiaozhou en China. Las islas del Pacífico quedaron formalmente en diciembre de 1920 bajo mandato clase C de la Sociedad de Naciones. Un mandato no era una anexión ni una concesión: Japón administraba el antiguo territorio alemán bajo obligaciones internacionales, incluida la prohibición de construir bases y fortificaciones, con informes anuales ante la Comisión de Mandatos. En la práctica, el acceso exterior quedó restringido y la militarización de la zona se intensificó en los años treinta, en tensión con el régimen del mandato. En Asia continental, la influencia japonesa se fundaba en Manchuria, donde ferrocarriles, minas y la zona arrendada de Liaodong daban a Tokio una posición de fuerza en un suelo nominalmente chino, bajo el Ejército de Kwantung con autonomía creciente respecto del gobierno civil. Ese enclave militar y económico fue el origen de la fase siguiente del expansionismo: el 18 de septiembre de 1931, el propio Ejército de Kwantung sabotearía un tramo de la vía férrea de Mukden y usaría el incidente como justificación premeditada para ocupar Manchuria, episodio que abre la sección siguiente.
547.3. Militarización, guerra y movilización de la sociedad#
El ascenso de Japón como potencia militar no fue obra de una conspiración uniforme ni el producto de un único impulso expansionista. Resultó de la acumulación de varios factores estructurales: un orden constitucional en el que los ministerios de Ejército y Marina respondían directamente al emperador y no al gobierno civil; una economía industrial dependiente del exterior para sus materias primas; una élite en la que el prestigio militar era inseparable del prestigio nacional; y una secuencia de victorias contra China en 1894–1895 y contra Rusia en 1904–1905 que enseñó a las dirigencias que la guerra podía ser un instrumento eficaz de política. Esa trayectoria no hacía inevitable el desastre de 1945, pero inclinó de manera recurrente decisiones colectivas hacia opciones que otros Estados habrían descartado antes.
El punto débil del régimen Meiji era el control civil de las fuerzas armadas. Una regla aprobada en 1900 exigía que los ministros de Ejército y Marina fueran oficiales en activo; en la práctica, concedía al alto mando un derecho de veto constitucional sobre la formación de gabinetes, pues sin oficial designado no había ministerios completos y, sin ellos, no había gabinete. Fue derogada en 1913 y restablecida en 1936, en plena escalada de intervención militar en la política. A ese resorte institucional se sumaba el hábito de operar en el continente con amplia autonomía. El caso más conspicuo fue el incidente de Mukden, del 18 de septiembre de 1931: oficiales del Ejército de Kwantung, la guarnición japonesa desplegada en torno al ferrocarril de Manchuria, saboteó un tramo de vía como justificación premeditada para que sus tropas ocuparan la región. El gobierno de Tokio no había ordenado la operación, y aunque la conducta del Ejército constituía una insubordinación de facto, los gabinetes sucesivos terminaron por aceptar los hechos consumados antes que plantear una crisis interna contra los uniformados. En 1932 el Ejército estableció en Manchuria un Estado nominalmente independiente, Manchukuo, con el último emperador Qing, Puyi, convertido en soberano ceremonial de un territorio gobernado en la práctica por consejeros japoneses. La Comisión Lytton rechazó que Manchukuo fuera un Estado realmente independiente y la Asamblea de la Sociedad de Naciones respaldó sus conclusiones; Japón respondió anunciando su retirada en 1933 y abandonó el organismo de facto, con salida definitiva en 1935. La Sociedad careció de medios para revertir la ocupación. La lección que extrajeron las dirigencias japonesas fue que la acción unilateral salía barata; la de las potencias, parecida.
Durante buena parte de los años veinte crecieron la política de partidos, la diplomacia cooperativa y la sociedad urbana; no desaparecieron, sin embargo, el peso militar ni las tensiones del sistema imperial. La crisis de 1929 golpeó las exportaciones y el campo, las élites se fragmentaron en facciones desconfiadas entre sí, y una sucesión de asesinatos por oficiales ultranacionalistas —dirigentes políticos muertos en 1930, 1931 y 1932, y el fallido alzamiento de febrero de 1936— ahuyentó a los civiles del primer plano. No hubo, en sentido estricto, una toma del poder militar; hubo un ensanchamiento progresivo del papel de los uniformados en los gabinetes, la militarización del presupuesto y de la vida económica, y la erosión del disenso en nombre de la unidad nacional. La institución militar tampoco actuó como un bloque: hubo mandos y civiles que discrepaban de las aventuras continentales, aunque la dinámica de los hechos consumados redujo su capacidad de frenarlas.
La guerra a gran escala en China comenzó en julio de 1937, tras el incidente del puente de Marco Polo, y extendió los combates a las principales ciudades y regiones costeras. La guerra sino-japonesa y la guerra del Pacífico, iniciada en diciembre de 1941, se solaparon y se condicionaron mutuamente, pero no fueron el mismo conflicto. La resistencia china prolongada, la inmovilización de tropas y recursos en el continente, el cierre de suministros occidentales y las decisiones de la dirigencia japonesa empujaron la búsqueda de materias primas del Sudeste Asiático mediante la fuerza. El pacto tripartito con Alemania e Italia, firmado en septiembre de 1940, pretendía disuadir a Estados Unidos de intervenir en Asia; contribuyó más bien a consolidar las alianzas que se activaron cuando el ataque a Pearl Harbor, de diciembre de 1941, llevó a Japón a la guerra contra Estados Unidos y Reino Unido y abrió la fase más destructiva del conflicto.
La movilización de la sociedad japonesa se amplió de forma progresiva. Desde finales de los años treinta, las asociaciones barriales, el sistema educativo, la prensa y las organizaciones de mujeres quedaron encuadradas en estructuras de cooperación estatal que organizaban donaciones de metal, cartas a los soldados y vigilancia vecinal. El reclutamiento amplio, el desvío de la industria hacia la producción armamentística, la reasignación de trabajadores hacia las fábricas y, ya entrados en la guerra contra Estados Unidos, el racionamiento, los desabastecimientos y las evacuaciones de niños al campo transformaron la vida cotidiana. Desde 1943, las pérdidas de barcos mercantes ante la campaña submarina estadounidense interrumpieron rutas de abastecimiento y agravaron la escasez de alimentos y combustible en las islas. Los bombardeos estratégicos estadounidenses, que desde 1944 alcanzaron las grandes ciudades y en 1945 casi todas las de tamaño medio, trajeron la destrucción al interior de los hogares urbanos: la retaguardia, sostenida por años de propaganda de victorias continuas, terminó concentrada en la supervivencia.
Conviene distinguir a los sujetos de este proceso. El régimen no fue un bloque: hubo gobiernos civiles que intentaron frenar a los Estados Mayores, oficiales que discreparon del rumbo, un parlamento que siguió reuniéndose y una sociedad con actitudes críticas, entusiastas y resignadas repartidas de modo desigual según región, generación y clase. La expansión tampoco se explica por una causa única: pesaron la dependencia de una potencia insular de materias primas y rutas comerciales, la ideología que presentaba la guerra como prueba de identidad nacional, las presiones económicas y, no menos decisivo, la dinámica burocrática interna, en la que Ejército y Marina competían por presupuesto y por territorios y en la que ningún responsable deseaba firmar una retirada. El resultado fue una sucesión de escaladas que ninguna autoridad individual logró detener.
La guerra desplegó una violencia extensa contra las poblaciones civiles de China y de los territorios ocupados; aquí importa en cuanto experiencia social: la censura y la propaganda privilegiaban las noticias de victorias y restringían la información sobre derrotas y atrocidades. Los soldados regresaban con experiencias que sus familias conocían solo de forma parcial, y la violencia de la ocupación no era del todo desconocida dentro de Japón. El trabajo forzoso de coreanos y chinos en fábricas y minas del archipiélago, generado por la maquinaria de guerra en el continente, dejó también su huella en el propio Japón.
En agosto de 1945, los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y la entrada soviética en la guerra agravaron una crisis que ya dividía al liderazgo japonés. Tras deliberaciones tensas, el emperador anunció por radio el 15 de agosto la aceptación de la Declaración de Potsdam; la rendición se formalizó el 2 de septiembre ante los Aliados sobre el suelo de la bahía de Tokio. Terminaba la guerra, pero no la transformación: la ocupación y sus reformas corresponden a la sección siguiente.
547.4. Derrota, ocupación y ruptura del orden imperial#
La guerra terminó en el Pacífico en dos momentos que conviene distinguir. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la aceptación de la declaración de Potsdam, y para la población japonesa ese fue el día de la rendición en sus efectos prácticos. La rendición formal se materializó el 2 de septiembre de 1945, cuando los representantes del gobierno japonés firmaron el instrumento de capitulación a bordo del acorazado Missouri, anclado en la bahía de Tokio. A partir de ese acto, Japón quedó sometido a una ocupación aliada dirigida en la práctica por Estados Unidos: el general Douglas MacArthur encabezó el Cuartel General del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas, conocido por sus siglas en inglés como SCAP. Las demás potencias aliadas —Unión Soviética, Reino Unido, China entre ellas— participaron en instancias consultivas como la Comisión del Lejano Oriente, pero la autoridad ejecutiva recayó en el mando estadounidense.
La ocupación no se ejerció mediante una administración civil extranjera instalada en cada ministerio. Aunque el SCAP dirigía y supervisaba al gobierno japonés, la administración cotidiana continuó en gran medida a cargo de las instituciones japonesas existentes: el gobierno, la burocracia ministerial y la policía aplicaban las directivas de ocupación. Esta forma de gobierno indirecto protegía a los vencedores de la carga de gobernar a una población hostil y daba a los funcionarios japoneses que cooperaban un papel de mediadores con capacidad de moldear la implementación de cada reforma. El tejido social no se desmontó: la continuidad del personal político y administrativo fue tan notable como la magnitud de los cambios formales.
La derrota disolvió de golpe el imperio ultramarino. Corea, anexionada en 1910, quedó dividida entre administraciones soviética al norte y estadounidense al sur del paralelo 38; Taiwán, cedida por China en 1895, pasó a control de la República de China; las islas del Pacífico sometidas al mandato japonés quedaron bajo administración estadounidense; y Manchuria volvió a manos chinas tras la ofensiva soviética de agosto de 1945. La repatriación de millones de colonos, funcionarios y soldados desde esos territorios transformó la economía y la demografía del archipiélago. La figura del emperador conservó su trono, aunque su posición quedó subordinada a la ocupación: no fue procesado, y esa decisión sigue siendo objeto de debate.
El cambio institucional central fue la nueva constitución, promulgada en noviembre de 1946 y vigente desde el 3 de mayo de 1947. Su redacción refleja una secuencia concreta: los proyectos presentados por la propia clase política japonesa, que conservaban el estatus soberano del emperador, fueron considerados insuficientes por el SCAP, que ordenó a un grupo de funcionarios de la ocupación elaborar un texto en pocos días del mes de febrero de 1946. El documento resultante, traducido al japonés y negociado con el gobierno de Shidehara y después con el de Yoshida, fue adoptado por la Dieta mediante enmiendas al texto de Meiji, en el proceso legal que el orden vigente permitía, sin una votación popular separada. Su contenido invirtió el fundamento del orden anterior: la soberanía residía en el pueblo; el emperador quedaba reducido a símbolo del Estado sin poderes de gobierno; los derechos fundamentales se enumeraban con amplitud; y el artículo 9 renunciaba a la guerra como derecho soberano y a las fuerzas armadas como medio de solución de conflictos. Esa nueva arquitectura no fue un programa de consenso previo. Reflejó decisiones tomadas bajo fuerte presión de la ocupación, y sus alcances, en particular el del artículo 9, eran ambiguos ya en 1947: el texto no definía con exactitud si los organismos armados de carácter defensivo estaban prohibidos, cuestión que la interpretación administrativa posterior fue respondiendo de manera cambiante.
Otras reformas alteraron la estructura social. El sufragio femenino, aprobado en diciembre de 1945, permitió que en las elecciones de abril de 1946 participaran por primera vez mujeres como electoras y como candidatas. La reforma agraria, impulsada principalmente durante 1946 y 1947 y completada a comienzos de los años cincuenta, transfirió la propiedad de la tierra de los propietarios ausentistas a los cultivadores y destruyó el poder de la clase terrateniente rural, un cambio cuya ejecución recayó en gran parte en funcionarios japoneses y que figura entre las más profundas del periodo. La disolución parcial de los conglomerados financieros e industriales, los zaibatsu, fragmentó algunos grupos y separó ciertos negocios, aunque con límites notables y resultados desiguales respecto de las empresas más vinculadas a la industria de guerra. La reforma educativa amplió la escolarización y descentralizó parcialmente los contenidos; la legislación laboral reconoció el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Estas transformaciones no fueron simplemente impuestas por las autoridades ocupantes: también fueron impulsadas por funcionarios, sindicalistas y reformistas japoneses con agendas propias, incluidos grupos de izquierda que esperaban profundizarlas.
La rendición trajo además un proceso judicial de rendición de cuentas. El Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, conocido como juicio de Tokio, celebró su proceso entre 1946 y 1948 y sentenció a veinticinco acusados; veintiocho habían sido inicialmente procesados por crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, con condenas de muerte y prisión. Excluyó del procesamiento al emperador y a categorías como la experimentación biológica de la Unidad 731, y su marco doctrinal —responsabilizar a un círculo dirigente y absolver de antemano al símbolo imperial— dejó un legado controvertido que alimentó debates posteriores sobre la justicia transicional. En paralelo, las purgas excluyeron de cargos públicos a miles de militares y funcionarios. Pero ese aparato de rendición de cuentas se topó con un límite estructural: el giro de la Guerra Fría. A partir de 1947, y de forma más marcada desde 1948–1950, la prioridad de Estados Unidos se desplazó de la democratización hacia la reconstrucción de Japón como pieza anticomunista del Pacífico. La despurga parcial devolvió a la vida pública a muchos de los excluidos; el llamado giro de la ruta (reverse course) modificó el énfasis de las políticas económicas; y en 1950, con el comienzo de la Guerra de Corea, la creación de la Reserva Nacional de Policía, germen de las futuras fuerzas de autodefensa, evidenció la tensión entre el compromiso de desmilitarización y la necesidad de seguridad que Washington ya no podía cubrir solo con su presencia.
Esa tensión se resolvió de forma provisional con el Tratado de San Francisco, firmado en septiembre de 1951 y vigente desde el 28 de abril de 1952. El tratado puso fin a la ocupación, delimitó el territorio japonés y permitió que Japón recuperara su soberanía, acompañado de un acuerdo de seguridad bilateral que autorizó la presencia militar estadounidense en el archipiélago. Okinawa y las islas Ryūkyū quedaron bajo administración estadounidense hasta 1972, situación que dejó pendientes controversias territoriales relevantes para décadas posteriores. El tratado no resolvió todas las cuestiones derivadas de la guerra ni todas las disputas territoriales: marcó el punto de partida del Japón de posguerra, no un cierre definitivo de su relación con el vecindario asiático; la reconstrucción posterior se examina en el capítulo 552.
Preguntas de transferencia#
- ¿Por qué no basta decir que Japón “se occidentalizó” tras la Restauración Meiji? Porque los reformadores japoneses seleccionaron y adaptaron instituciones de varios Estados según sus metas propias, y el resultado dependió tanto de decisiones locales como de modelos importados.
- ¿Qué cambió entre el protectorado coreano de 1905 y la anexión de 1910? El protectorado mantuvo un Estado coreano nominal privado de política exterior bajo un residente general japonés; la anexión lo eliminó y sometió la península a una administración colonial directa.
- ¿Qué fue la intervención triple de 1895 y qué consecuencia tuvo? Rusia, Alemania y Francia obligaron a Japón a devolver Liaodong a cambio de 30 millones de taels adicionales, y la humillación resultante impulsó la preparación para una nueva guerra contra Rusia.
- ¿Fue la militarización de los años treinta un golpe militar? No; fue una erosión progresiva del control civil mediante el derecho de veto del alto mando sobre los gabinetes, los hechos consumados en el continente y el amparo dado al terror político contra los dirigentes civiles.
- ¿Qué cambió con la Constitución de 1947 en comparación con la de 1889? Mientras la de 1889 concentraba la soberanía en el emperador y subordinaba el parlamento, la de 1947 la trasladó al pueblo, redujo al emperador a símbolo del Estado y añadió la renuncia a la guerra en el artículo 9.
Fuentes y lecturas del capítulo#
- Beasley, W. G. The Meiji Restoration. Stanford University Press, 1972.
- Jansen, Marius B. The Making of Modern Japan. Belknap Press of Harvard University Press, 2000.
- Gordon, Andrew. A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present. 4.ª ed. Oxford University Press, 2019.
- Ravina, Mark. To Stand with the Nations of the World: Japan and Meiji's Worlds. Oxford University Press, 2017.
- Duus, Peter. The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895–1910. University of California Press, 1995.
- Shillony, Ben-Ami. Politics and Culture in Wartime Japan. Oxford University Press, 1981.
- Bix, Herbert P. Hirohito and the Making of Modern Japan. HarperCollins, 2000.
- Dower, John W. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. W. W. Norton, 1999.
- Jansen, Marius B., ed. The Cambridge History of Japan, vols. 6 (The Twentieth Century, con capítulos sobre la deriva militar de los años treinta) y 5 (The Nineteenth Century). Cambridge University Press, 1989.
- Japan Center for Asian Historical Records (JACAR). “The Sino-Japanese War of 1894–1895: Treaty of Shimonoseki and Triple Intervention”. Exposición documental.
- League of Nations. Report of the Commission of Enquiry into the Present Situation in Manchuria (Informe Lytton). Ginebra, 1932.
- “The Mandates of the Pacific”. Foreign Affairs, septiembre de 1922. Artículo.
- Treaty of Peace with Japan (Tratado de San Francisco), 8 de septiembre de 1951, United Nations Treaty Series, vol. 136, p. 45. Colección de tratados de la ONU.